• Un nuevo plan de ayudas para acelerar la movilidad eléctrica que cuadriplica su presupuesto respecto a la edición pasada y puede ampliarse a los 800 millones.

  • El plan tiene como objetivo llegar a 100.000 puntos de recarga y 250.000 vehículos eléctricos para 2023.

  • Según las estimaciones del MITECO, el programa puede contribuir con más de 2.900 millones de euros al PIB y generar más de 40.000 empleos a lo largo de toda la cadena de valor.

El pasado 9 de abril se presentó en Madrid una nueva entrega del plan de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de carga, conocido como el plan Moves. En esta ocasión, la cifra multiplica por cuatro la cifra de la segunda edición y asciende hasta los 400 millones que pueden ser ampliables a 800 hasta 2023. Esta iniciativa pone de manifiesto la voluntad decidida del Gobierno español por impulsar el vehículo eléctrico y la infraestructura de carga necesaria para realmente esta alternativa al transporte de combustión interna triunfe. De hecho, el anuncio de la nueva edición se ha recibido como un revulsivo que se espera que reactive el sector y ayude a conseguir la esperada renovación del parque automovilístico español. Las previsiones señalan que, con estos apoyos, las ventas de vehículos electrificados crezcan un 75% este año, hasta superar las 70.000 unidades, en un mercado de matriculaciones a la baja. Y es que, por cada modelo eléctrico se podrá optar a hasta 7000 euros de rebaja si se entrega a cambio el viejo vehículo para achatarramiento. Si no se entrega a cambio ningún vehículo, las ayudas para la adquisición de turismos eléctricos pueden llegar a los 4.500 euros. En el caso de las empresas, las ayudas otorgarán una mayor cuantía a las pymes y también fomentarán el achatarramiento, llegando a repartir cantidades de hasta 4.000 euros por la compra de un turismo eléctrico y hasta 5.000 por la adquisición de una furgoneta.

Igual que en anteriores ediciones, el plan está coordinado por el IDAE y gestionado por las comunidades autónomas quienes hacen la convocatoria y reparten el presupuesto otorgado. Este criterio fue criticado con anterioridad pues el reparto ha ido siempre relacionado con la población y no con la demanda, sin embargo, el nuevo Plan Moves prevé que aquellas comunidades que agoten las ayudas puedan optar a una ampliación de fondos, imprescindible evitar parones en el mercado. Así mismo el nuevo Plan también incluye un buen mecanismo en lo relativo al gasto, pues pretende garantizar que las comunidades gasten los fondos económicos asignados y, si no lo hacen, devuelvan los fondos. De hecho, una de las particularidades del Plan Moves III es la convivencia con la anterior edición, ya que algunas comunidades aún no habían agotado sus fondos, mientras que otras los agotaban en un breve espacio de tiempo. En esta edición, por poner un ejemplo, en Cataluña, el Institut Català de l’Energia será de nuevo el responsable de convocar y repartir los 65,6 millones destinados a impulsar la movilidad sostenible en ese territorio y podrá ampliarlo con una asignación complementaria en caso de necesitarlo.

Los principales beneficiarios del programa son particulares pero también empresas que quieran adquirir vehículos eléctricos puros (BEV), vehículos híbridos enchufables (PHEV) o vehículos eléctricos de autonomía extendida (EREV), así como particulares, empresas y administraciones públicas que compren e instalen cargadores de vehículos eléctricos públicos o privados.

 

Ayudas para la instalación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico

Además de las ayudas para la adquisición de vehículos alternativos, otra de las líneas de actuación de plan es la instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, y lo considera un factor clave para favorecer la electrificación del parque de automóviles en España, no solo por motivos obvios, también estratégicos pues entre el 70-90% de lo bienes de equipo necesarios para instalarlas son de fabricación nacional.

En este ámbito, el plan concede a autónomos, particulares, comunidades de propietarios y entidades locales que no desarrollen actividad empresarial ayudas de hasta el 70% del coste de la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos o de las actuaciones de preinstalación de recarga en comunidades de propietarios siempre que no se superen los límites establecidos, fijados en 800.000 euros por expediente.

 

Ayuda para la instalación de punto de carga para empresas

En relación a las empresas que quieran instalar un punto de carga de acceso público, la ayuda dependerá de varios factores que van desde el tamaño de la empresa (pequeña, mediana o gran empresa) a la potencia del punto de carga a instalar.

Para los puntos de carga con una potencia igual o mayor a 50 kW, es decir, carga rápida, las pequeñas empresas podrán subvencionarse el 55%, las medianas un 45% y las grandes un 35% del coste. Sin embargo, si el punto de carga se ha instalado en un municipio de menos de 5000 habitantes, los porcentajes de la ayuda se ampliarán al 60% para pequeña empresa, 50% para medianas empresas y 40% para gran empresa.

Por último, si el punto de carga que se instala es para uso privado o público pero de menos de 50 kW de potencia la ayuda será del 30% ampliable al 40% si está en municipios de menos de 5.000 habitantes.

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